La vicepresidenta Ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, arribó este lunes a la ciudad de La Haya, en Países Bajos, para defender los derechos de su país sobre la Guayana Esequiba.

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Rodríguez comparecerá este miércoles ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que programó audiencias públicas tras una solicitud de medidas provisionales por el Gobierno de Guyana, que con ello procura impedir que Venezuela realice el referendo sobre el Esequibo el próximo 3 de diciembre.

La lideresa subrayó: «Llegamos a La Haya para defender a Venezuela, nuestros derechos históricos, y decirle al mundo que nada, ni nadie va a detener que este 3 de diciembre se realice el referendo consultivo en la defensa de nuestra Guayana Esequiba».

«Venimos con mucha fuerza, acompañados por la voluntad del pueblo, como un solo país, aquí estamos, el 3 de diciembre, todos a votar», añadió.

Durante las últimas jornadas, Rodríguez ha reiterado que Venezuela reconoce al Acuerdo de Ginebra, firmado con Reino Unido en 1966 (en momentos en que Guyana aún era colonia británica), como único instrumento legal para resolver esta controversia límítrofe.

Recordó que dicho acuerdo mantiene vigencia e invita a «que las partes encuentren una salida que sea satisfactoria y práctica, para ambas partes, mediante negociaciones políticas directas, mediante negociaciones pacíficas, mediante negociaciones amistosas».

Refirió que, pese a prever una solución negociada, Guyana acudió unilateralmente a la CIJ en 2918 a pedir una solución del diferendo.

Explicó que Reino Unido despojó a Venezuela de la Guayana Esequiba mediante el laudo arbitral de 1899, cuando Londres presentó información fraudulenta sobre sus límites geográficos -como se demostró después- para retener ese territorio.

Detalló que la multinacional petrolera estadounidense Exxon Mobil y Guyana han fabricado un guion para despojar a Venezuela de su territorio. «En unidad nacional alzamos nuestra voz este 3 de diciembre en el referendo consultivo», destacó.

Sobre la decisión de Guyana de acudir a la CIJ en busca de impedir el referendo, valoró que el Gobierno de ese país está dando gritos de desesperación.

Precisó que esa figura está prevista en el artículo 71 de la Constitución nacional y su realización es un derecho de los venezolanos y venezolanas, por lo cual acusó al país vecino de «interferencia en los asuntos internos de Venezuela».

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